Durante su intervención vespertina en la Plaza Morelos, el presidente Maduro llegó a solicitar al alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, su renuncia para organizar elecciones y designar un sustituto. Muchacho gobierna la jurisdicción donde tienen lugar las protestas de Altamira.
El gobierno revolucionario acusa a Muchacho, así como a otros de sus colegas opositores del área metropolitana, como los alcaldes de los municipios Sucre, Baruta y El Hatillo, de indolencia o complicidad encubierta ante los disturbios. Señala que esas autoridades hacen poco para disuadir a los manifestantes o incluso para despejar los escombros que día tras día sirven de materia prima para armar barricadas.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió órdenes para que esos alcaldes, así como el burgomaestre del municipio San Diego, suburbio de la ciudad de Valencia, contribuyan a controlar los desórdenes y mantener despejadas las vías. El TSJ es ampliamente controlado por el gobierno chavista, que lo convirtió en una maleable herramienta de sus políticas.
Los alcaldes opositores vienen advirtiendo que los cuestionamientos acerca de su desempeño durante la crisis de orden público buscan preparar el terreno para una intervención forzosa contra sus gobiernos locales. Se trata de municipios cuyos votantes en distintas ocasiones han propinado derrotas a los candidatos y propuestas del chavista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
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